Campesinos en la hacienda Pontevedra, en Planeta Rica (Córdoba). Foto: Sofía Angulo /LSV.

En la entrada de la casa Támesis, a 20 minutos de Montería, Córdoba, dos vigilantes armados nos impiden pasar a la casa donde los hermanos Castaño, fundadores del grupo paramilitar Autodefensas unidas de Colombia, AUC, solían hacer fiestas estrambóticas. “Necesita autorización del gobierno para entrar, no pueden tomar fotos ni grabar”, nos advierten. “Pero pueden ir a ver a los campesinos que están reunidos en los predios de la finca”.

En esa casa, en octubre el presidente Gustavo Petro anunció la entrega de predios a campesinos como un primer paso para concretar la promesa de hacer una reforma rural que les permitiera acceder a la tierra.

Hacienda Támesis. Foto: Sofía Angulo /LSV

Los campesinos que nos iban a mostrar cómo avanzan los proyectos que van a desarrollar no contestan nuestras llamadas ni nuestros mensajes de whatsapp. Así que no sabemos a dónde ir.

Después de dar muchas vueltas, un hombre que pasa en moto nos lleva a donde unos veinte campesinos están reunidos. Pero cuando llegamos, los hombres con sus rulas en las manos nos impiden pasar.

– El líder de Fensuagro dice que la prensa en general siempre habla mal de Petro. Y que no les da la autorización, qué pena, se tienen que ir.

Llamamos al coordinador de la Costa Caribe de Fensuagro. Nelson Viloria, desde Barranquilla, ratifica que no podemos entrar.

– ¿Qué va a decir del presidente? Nosotros somos petristas. ¿Usted va a hablar mal del presidente?

– A ustedes les conviene que la prensa esté aquí para que les cumplan a los campesinos, así van a saber que les tienen los ojos encima, le digo, en un esfuerzo por convencerlo.

– ¿Pero usted cómo va a titular?

– Vamos a escribir lo que vemos.

– Bueno, voy a confiar una vez más en la prensa.

Colgamos, y los campesinos que nos dejaron inicialmente plantadas, nos muestran los predios.

Támesis era propiedad de un socio de Vicente Castaño, jefe paramilitar de las AUC. La hacienda es parte del inventario de bienes incautados de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, desde hace cuatro años. Aunque sigue siendo parte de un proceso de Justicia y Paz, el gobierno Petro decidió entregarles esta finca y otra, también incautada a ilegales llamada Pontevedra, a campesinos víctimas de la violencia en Córdoba para que la comiencen a trabajar.

Támesis, avaluada en 8 mil millones de pesos, tiene 590 hectáreas, y los campesinos podrán trabajar en 236 porque la mitad es un humedal. Cada una de las 160 familias beneficiarias de estas haciendas tendrán una hectárea para su sustento diario y las hectáreas restantes las podrán usar para proyectos productivos.

A unos metros de la lujosa casa Támesis, un grupo de campesinos está midiendo el terreno. Lo hacen con metros y cabuyas. La idea es repartir las 60 hectáreas entre las 60 familias escogidas. “Inicialmente eran 50, pero como hay tanta necesidad, van a ser 10 más”, me dice Humberto López, líder de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascscor.

Al final del día decidieron que era mejor esperar la ayuda de un topógrafo para tener la certeza de que los predios en los que van a trabajar sí están bien medidos. 

Campesinos en Támesis medían con metros y cabuyas los predios que se van a repartir para empezare a sembrar el pancoger. Foto: Sofía Angulo /LSV.

Como ya han pasado tres meses desde la ceremonia de entrega con Petro, algunos están molestos. El líder Humberto López trata de calmarlos. “Tenemos que tener paciencia y ser solidarios”, les dice. “Es posible que ustedes empiecen a trabajar en un terreno y que luego les toque otro”. Les pide que quienes no puedan trabajar consigan a una persona que lo haga por ellos.

“Ya pasó el tiempo para la primera cosecha, hay que empezar a preparar la tierra para aprovechar la segunda. Tenemos que empezar a arar la tierra”.

“Si vamos a hablar de paz es esto, que las mayorías del campo o de la ciudad puedan acceder a los instrumentos de creación de riqueza”, dijo el 29 de octubre el presidente Gustavo Petro. Lo hizo desde la lujosa casa de la hacienda Támesis. “Estamos entregando el control de uno de los principales activos de la Nación que es la tierra. Este es el cambio del modelo económico”.

Las organizaciones campesinas de Córdoba —Fensuagro, Asodecas, Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba— eligieron a los beneficiarios de estas entregas. Había dos requisitos principales: demostrar que eran víctimas del conflicto armado y que el 70 por ciento fueran mujeres cabeza de familia.

Planean repartir las 236 hectáreas de Támesis así: 60 hectáreas para el pancoger de cada familia. 60 para arroz y fríjol. 30 para maíz. 24 para ganado. 20 para patilla y otras 45 en policultivos: plátano, yuca, habichuela, berenjena, ajonjolí, ají, tomate, sorgo, hortalizas, melón, limón ahuyama, pepino. “Nuestra idea no es que si sembramos yuca vendamos yuca. Hay que ponerle valor agregado”, me dice por teléfono Nelson Viloria.

Para ese proyecto calculan que necesitan 3.500 millones de pesos. “Estamos esperando el estudio de suelo que iba a hacer Monómeros para que podamos sacarle el mayor provecho a la tierra”.

Una de las beneficiarias de Támesis, que quiere que la llame Irma, me dice entre lágrimas, que ya ve el cambio. “Para nosotros es una gran diferencia que las entidades ahora nos traten bien. Es que antes nos trataban como si uno quisiera ser víctima y molestar”, afirma la mujer de 47 años. También dice que le alegra poder sembrar en tierras que de otra manera no podrían arrendar.

Irma vive en el humedal Berlín, en Montería, en una invasión donde 300 familias habitan casas de madera con techos de tejas. No tienen servicios públicos y el agua que bombean con máquinas no es potable. Les toca recoger en baldes el agua lluvia, que el año pasado acabó con varios de sus cultivos de plátano, yuca y ñame. 

Humedal Berlín. Montería (Córdoba). Foto: Sofía Angulo /LSV.

El papá era ganadero y lo asesinaron paramilitares en 2005. Irma dice que su mamá se deprimió tanto que murió a los pocos meses y sus nueve hermanos se dispersaron. Después de buscar ayuda del gobierno por años y no encontrarla, terminó en ese humedal.

“Soy consciente de que estamos dañando el ambiente, pero no tenía otra opción —dice— Solo con la llegada de Petro, vuelvo a tener esperanza de salir de aquí”. Algunos llevan 27 años viviendo allí.

El hijo mayor de Irma maneja un mototaxi y dice que verlo así, sin estudio, le “hace doler el corazón”. Sus ojos se humedecen de nuevo. "Confío en este gobierno para que la historia no se repita con mi hijo menor. Yo sé que sí”.

Ella sigue viviendo en Berlín porque en Támesis no se pueden quedar a dormir. Y la casa desde la que Petro anunció las entregas está vacía.

Según dijo una fuente del Fondo para la Reparación de las Víctimas, FVR, que administra la hacienda, están contemplando la posibilidad de rentar la casa Támesis a un restaurante por 27 millones de pesos mensuales.

Daniel Rojas, el director de la SAE suspendido por la Procuraduría el viernes por tres meses, dice que el presidente Petro les pidió que estudiaran la posibilidad de hacer un centro cultural para los campesinos.

Varias beneficiarias en Támesis me dicen que les gustaría que se convirtiera en una escuela o un centro de salud.

Pero mientras esos planes se concretan, van a Támesis en las mañanas a quitar la maleza y después se devuelven a los lugares donde viven, como las invasiones del humedal Berlín.

En cambio en Pontevedra, la finca que entregó el gobierno en Planeta Rica, y que queda a dos horas de Támesis, algunos campesinos sí se pasaron a vivir allí. La propiedad era de alias Falcón, excabecilla del Clan del Golfo, extraditado el año pasado.

Cervelión Cogollo, de 39 años, el líder campesino que nos llevó de Montería a Pontevedra, dice que sueña con que el proyecto que construyan pueda sacar de la pobreza a los campesinos de Planeta Rica. Señalando un terreno plano, verde, con algunos tamarindos, robles e higos, me cuenta que él, personalmente, quiere sembrar patilla.

“Cuando era niño mi papá, antes de que lo mataran los paramilitares, me mandaba a cuidar esos cultivos para que las aves no se los comieran. ¿Tú sabes la satisfacción que me va a dar cuando me pueda comer una patilla aquí?”. Su meta es estar en ese plan en tres meses.

“Lo que más me gustaría sembrar y comer de esta tierra es la maracuyá”, me dice Libardo Antonio Acevedo, de 59 años, cuando llegamos a la finca. “¡Es que ese jugo me da una contentura!”. Se abraza el pecho. “¡Y esa fruta sí que da plata!”. Sonríe y me ofrece una silla para sentarme en el kiosko donde guardan las herramientas de la hacienda.

Libardo Acevedo, uno de los campesinos de Pontevedra.

Los campesinos de Pontevedra liman su rula para limpiar la tierra. Foto: Sofía Angulo /LSV

Desde hace un mes, Acevedo se levanta a las tres de la mañana. Se viste. Desayuna arroz y pescado. Afila su rula. Y cuando todavía está oscuro y la neblina cubre la tierra, sale a preparar el terreno para la siembra. Con su rula se deshace de la maleza que va encontrando a su paso, hasta el mediodía, “cuando el sol se pone bravo”. Sueña ser dueño de una parte de esa tierra. Por lo pronto solo podrá sembrar en ella.

El día que los visitamos, las 27 mujeres del lugar están sirviendo el almuerzo para los 13 hombres que acaban de llegar de limpiar parte del predio. Tres de ellos se quejan de que están durmiendo en hamacas, chinchorros o en el piso. A los que les va mejor pasan la noche en una casa pequeña de cemento que está en la entrada de la hacienda. Otros duermen al aire libre. No se van al lugar donde viven porque les queda a más de una hora de camino y no tienen dinero para el transporte.

“De noche hace mucho frío y en la tarde el calor te chamusca”, se queja Otálvaro Quintero. Susurra, como si nos estuviera contando un secreto. Se ve cansado, gotas de sudor escurren por su cara morena y arrugada. Me muestra los cambuches. Están hechos con palos de madera, y bolsas plásticas negras. “Necesitamos una casa digna cerca para estar con nuestras familias y para descansar bien”. 

Cambuches en la hacienda Pontevedra. Foto: LSV.

Por eso, en Pontevedra solo están 40 campesinos, de las 100 familias beneficiarias para trabajar 1.200 hectáreas avaluadas en 2.200 millones de pesos. Cervelión organiza los turnos y les consigue el transporte y también el mercado para sostenerse. “Pero no lo tenemos asegurado, así que si hay empresarios que nos puedan ayudar, les hacemos el llamado”, dice él.

Las mujeres, que son la mayoría, se dedican a cocinar y a limpiar el rancho en el que hay un cerdo, varias gallinas, dos caballos y un pequeño cultivo de caña de azúcar. “No hay tiempo para más. Toca hacer 120 comidas al día”, dice Nancy Sierra, de 55 años. Los hombres, si les queda energía después de limpiar la tierra, juegan fútbol en la tarde y otros se van a pescar.

Ese día, Sunilda Díaz, de 37 años, estaba preparando en una estufa de gas de cilindro cerdo frito, tajadas de plátano y arroz. Lo mismo hacían las otras 27 mujeres en otras seis cocinas que improvisaron en el lugar.

“Yo estoy muy contenta con esta tierra porque se ve planita. Tiene agua y aquí crece de todo”, dice Sunilda. Córdoba es una tierra fértil. Además tiene minas de níquel, cobre y carbón. Eso la hace una tierra deseable para cualquiera.

Sunilda cuenta que sus dos hijos, de 13 y 10 años, se quedaron cuidando a su mamá en Tierra Alta, un municipio cercano a Planeta Rica. “El papá nunca respondió. Aquí los hombres no se ponen con cuentos para dejarte abandonada”, dice mientras les da vuelta a las tajadas. Luego nos ofrece un plato.

Además de la casa que necesita para vivir con sus hijos en Pontevedra, de una escuela y un centro de salud y una estación de policía, dice que añora seguridad. “Aquí la seguridad es bien complicada”. Baja la voz y mira hacia los lados, como asegurándose de que no la escuchen.

El domingo 4 de febrero fue asesinado en Tierra Alta, a casi dos horas de Planeta Rica, Jorge Luis Jaraba, líder de Asodecas, la organización de campesinos a la que Sunilda y varios campesinos de Pontevedra pertenecen.

Aún no saben quién lo mató. Pero Planeta Rica es uno de los cinco municipios en Córdoba en alerta máxima de seguridad por la Defensoría del Pueblo por la presencia del Clan del Golfo. Otro es Buenavista, cerca también de la hacienda Pontevedra.

“Este grupo armado ilegal busca mantener el manejo y control del narcotráfico, la explotación irregular de oro y el cobro de extorsiones mediante el uso de la violencia”, dice una de las siete alertas que ha emitido la Defensoría del Pueblo.

“Esta organización (el Clan del Golfo) ha impuesto normas y castiga a quien no obedece sus reglas, y de manera violenta busca controlar la cotidianidad de la comunidad de estos municipios”, denunció el año pasado el defensor Carlos Camargo.

Uno de los beneficiarios de Pontevedra me dice que será difícil lograr la Paz Total de Petro con el clan. Aún así, espera que se logre.

“El clan no tiene tantos intereses políticos como económicos. Nos da miedo que ahora que empecemos a sembrar vengan y nos cobren las vacunas. Si no tenemos seguridad, es como si nos cortaran las alas”.

Los campesinos que lideran estos procesos están amenazados de muerte desde hace años y dicen que sienten temor de ser desplazados otra vez. Grupos criminales como el Clan del Golfo están en 22 de 32 municipios de ese departamento y las disidencias de las Farc ya están haciendo presencia. Sin embargo, su ilusión es más grande que el miedo.

Aunque los campesinos agradecen poder sembrar, lo que más desean es ser dueños de la tierra. El 25 de enero, cien campesinos de Pontevedra se reunieron alrededor de un árbol de tamarindo. Durante cuatro días se encontraron en ese lugar para dibujar el mapa del lugar donde esperan vivir con sus familias en unos meses.

La mayoría viven lejos de la hacienda. Y caminar no es una opción después de sus jornadas de trabajo. 

“Cada punto es una casa y cada casa va a tener un árbol que la amortigüe del sol”, me dice Cervelión, mientras los señala en un mapa dibujado a lápiz en una hoja blanca.

Al lado de la casa, sueñan con un potrero para las gallinas, los galpones, y al final una huerta para producir alimentos. En unos días, me dice el campesino, tendrán una versión digital. 

Mapa del centro poblado que planean construir los campesinos de Pontevedra.

“La idea es que haya grupos de diez familias para que siembren diez tipos de productos. Diez de melón, diez de habichuela, diez de berenjena y así”, dice. En el centro habrá una cancha de fútbol.

Aunque los campesinos no pueden construir casas o hacer algún tipo de intervención que muestre que ellos son los propietarios de la tierra, Cervelión dice que logró una autorización para construir viviendas prefabricadas o campamentos artesanales que puedan ser removidas en caso de que no les titulen el predio.

“Yo tengo entendido que nos titulan a más tardar en un año (...) Estamos hablando con el gobierno de Japón para ver si nos ayuda mientras con la donación de las casas prefabricadas”, dice.

El centro poblado con el que sueñan se llamaría El tamarindo.

Rojas, el suspendido director de la SAE, dice que están dialogando con el Ministerio de Vivienda y otras instituciones “para poder llegar con atención integral para los campesinos para que también tengan acceso a vivienda”.

Mientras tanto, la titulación de los predios a estos campesinos está lejos.

Támesis, está en un proceso de Justicia y Paz, que no se sabe cuánto puede tardar. Y Pontevedra, en un proceso de extinción de dominio que podría tardar entre ocho y 30 años. Solo hasta que se resuelva su situación jurídica, los predios podrían ser comprados por la Agencia Nacional de Tierras y, una vez sean saneados los terrenos, se podrían titular. Para entonces, Petro seguramente ya no sea presidente.

Como los predios no son propiedad del Estado existe un riesgo: que a los campesinos les toque irse de las tierras en las que trabajan si no logran la extinción de dominio. En teoría, tampoco se podrían construir viviendas en esos terrenos hasta que tengan un título de propiedad.

“Pero mientras eso pasa y los predios estén en manos del Estado, pueden usar la tierra. Ese fue el convenio, no titular”, dice el director de la SAE. “Además los procesos de justicia y paz generalmente fallan a favor del Estado”, agrega Felipe García, asesor jurídico de esa entidad.

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